Resumen: La Junta de Gobierno acordó la incoación del expediente sancionador porque asi lo dispone la normativa ante infracciones graves o muy graves, no siendo cierto que la incoación sea acto de instrucción. El instructor participó en el acuerdo de incoación pero no en la resolución sancionadora. No se infringe el principio de separación entre la fase de instrucción y la de resolución. No existe obligación, en la jurisdicción contencioso administrativa, de que la Sentencia contenga declaración de hechos probados. La Sentencia de instancia acepta motivadamente los hechos declarados probados en la resolución sancionadora. Ni las resoluciones administrativas impugnadas ni tampoco la sentencia apelada incurren en error al valorar la prueba y tampoco incurren en error al concluir como ciertos y probados los hechos trascritos de la resolución administrativa impugnada. Es muy evidente el conflicto entre los socios, tanto que se han querellado unos contra otros, e incluso el de los socios con la propia sociedad. El Letrado recurrente debió abstenerse. El letrado apelante ha incumplido las normas deontológicas contenidas en el art. 13.4, 5 y 6 del Código Deontológico, incumpliendo por ello también el art. 34.a) del EGA, e incurriendo por ello en la comisión de la infracción grave del art. 85.a) del citado EGA, siendo correcta la sanciójn por infracción grave.
Resumen: La Sala desestima el recurso. Las alegaciones del primer motivo de casación no pueden prosperar, lo que conduce a dar respuesta a la primera cuestión planteada en el auto de admisión del recurso, en el sentido que, atendidas las circunstancias del caso y la normativa aplicable, la Sala de instancia podía apreciar como causa de nulidad de las actuaciones impugnadas la omisión del procedimiento de evaluación ambiental. Sala de instancia ha justificado suficientemente la vulneración de lo dispuesto en el art. 10.2 de la Ley de Carreteras de 1988 y las consecuencias de nulidad del instrumento urbanístico impugnado, por lo que ha de responderse a la segunda de las cuestiones planteadas en el auto de admisión, en el sentido que, atendidas las circunstancias del caso y la normativa aplicable, la Sala de instancia podía apreciar como causa de nulidad de las actuaciones impugnadas la contravención del informe desfavorable emitido por la Dirección General de Carreteras. Han de mantenerse las apreciaciones de la Sala de instancia, y responder a la tercera cuestión planteada en el auto de admisión en el sentido de que, atendidas las circunstancias del caso y la normativa aplicable, la Sala de instancia podía apreciar la nulidad la aceptación por el Ayuntamiento de la garantía hipotecaria ofrecida por el promotor de la actuación (artículo 46.c) del Decreto 2159/1978), y que la constitución de de la garantía hipotecaria en dichas circunstancias no tiene cabida en el referido precepto.
Resumen: PRIMERO.- Frente a la sentencia que lo condena como autor de un delito de coacciones en el ámbito de la violencia de género con la concurrencia de la agravante de reincidencia, se alza en apelación la representación de Felicisimo, en un recurso que acepta la valoración de la prueba y el consecuente establecimiento de hechos probados y que denuncia indebida aplicación de lo dispuesto en el artículo 172.2 CP por entender que no pueden ser aquellos ser estimados como constitutivos de delito.
Resumen: PRIMERO.- Don Jaime, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, actuando en su propio nombre y derecho, dedujo impugnación jurisdiccional en relación con la Resolución de la Dirección General de la Policía-Jefe de la División de Personal, de 24 de junio de 2019, por la que se desestima la solicitud presentada por el recurrente el 2 de abril de 2019, de abono de la diferencia cuantitativa entre lo percibido, en concepto de complemento de productividad funcional en la Brigada Provincial de información de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco (Bilbao) y lo que perciben los Grupos Operativos de información, en la Comisaría Provincial de San Sebastián y local de Irún, en el período comprendido entre el 1 de agosto de 2003 y la fecha de la solicitud, con el límite de prescripción de los cuatro años anteriores a la fecha de la reclamación en vía administrativa.
